Playa del Carmen, Quintana Roo, a 08 de julio de 2022.- Nos enteramos de la existencia de una supuesta “denuncia” en contra de la compañía ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de la prensa y las redes sociales, al igual que el público en general. Lo anterior a pesar de nuestros reiterados planteamientos al más alto nivel del Gobierno de México para mantener un diálogo directo y constructivo. 

Al día de hoy no tenemos conocimiento de los señalamientos específicos de la supuesta “denuncia” planteada por SEMARNAT, dado que el Gobierno de México no nos ha proporcionado una copia, pero podemos afirmar lo siguiente: 

• Vulcan Materials Company, propietaria de Sac-Tun (antes Calica), tiene más de 30 años operando de manera legal y acorde con los ordenamientos medioambientales de los tres niveles de gobierno. Nuestras operaciones en Quintana Roo, México han sido supervisadas de manera regular y constante durante décadas por SEMARNAT y PROFEPA sin objeciones sustantivas y otorgando Certificados de Industria Limpia por varios años. Además, diferentes instituciones gubernamentales mexicanas nos han otorgado todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Lo que el Gobierno de México llama falsamente “destrucción ambiental” es el mismo impacto, que en su momento, el propio gobierno evaluó, autorizó y lo consideró aceptable. 

• La compensación y mitigación de los impactos propios de la producción de cientos de canteras que operamos y administramos forman parte de nuestra amplia experiencia y trabajo diario. Gestionamos nuestras actividades productivas con el objetivo de mantener y mejorar la sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo en la región. 

• La decisión del Gobierno de México de plantear una supuesta “denuncia” ante una institución internacional que no está especializada, ni tiene ámbito de competencia en la materia, es objetable desde varios puntos de vista. 

• Seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN, el cual no se ve afectado por la supuesta “denuncia” del Gobierno de México.